¿Por qué están tomadas las universidades?

En un contexto de desfinanciamiento, vaciamiento y ataques mediáticos a las Universidades Públicas, la organización y la lucha del movimiento estudiantil se vuelve un imperativo histórico.

El amanecer del 10 de octubre encontró universidades tomadas a lo largo y ancho de todo el país. Según El Destape, en total fueron 51 casas de estudios que pertenecen a 18 de 23 provincias, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario fue la gota que rebalsó el vaso; vaso caldeado por el constante ataque mediático a las universidades públicas, la violenta devaluación a los salarios de docentes y no docentes y un presupuesto para 2025 que contempla apenas la mitad del solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Y para peor: Milei, durante la inauguración del Palacio Libertad, se refirió a la universidad pública como un “obstáculo” para la movilidad social ascendente, y que sólo le sirve «a los hijos de los ricos».

Fiel a su estilo, el presidente resaltó que el día de la “inauguración”, que fue el 12 de octubre, conmemoraba los 156 años desde la asunción presidencial de Domingo Faustino Sarmiento. En este sentido, Milei dijo: «Su presidencia se encuadra dentro de las más importantes de nuestra historia, porque fue fundamental para la consolidación de nuestra nación».

Es destacable el constante énfasis que pone el Presidente en la figura de Sarmiento a la vez que ataca a las Universidades Públicas. Al mismo tiempo, la militancia liberal reivindica constantemente a Julio Argentino Roca, político que sancionó la Ley 1420 de Educación Pública. La Universidad Pública está en la génesis de nuestra nación y fue uno de los mayores estandartes de estos presidentes que tanto le gustan al oficialismo. Incluso precede al Estado argentino: la Universidad Nacional de Córdoba fue fundada en 1613, 203 años antes de la Declaración de Independencia.

En este contexto, el movimiento estudiantil está en alerta. Ariel Cortez, militante de la agrupación universitaria La Marea, dijo: «No hay motivos para no tomar la facultad. No estamos contemplados en ningún presupuesto. No podemos no hacerlo». Cinthia de Luca, presidenta de la Federación Universitaria de San Juan, fue más allá: «Se está atacando un derecho fundamental de los argentinos y argentinas, independientemente de si formamos parte de la comunidad universitaria o no».

Ni bien empezaron a correr las noticias sobre las tomas a lo largo del país, en las redes sociales los sectores conservadores y reaccionarios utilizaron las frases hechas de siempre: “Que hay que saber perder (en relación a la votación contra el veto)”, “que se pongan a estudiar”, que “son unos negros”. Y la clásica: “Durante el kirchnerismo no se tomaron facultades”.

Las universidades fueron tomadas repetidamente a lo largo de casi todas las presidencias. Es cierto que durante el macrismo y el mileísmo las manifestaciones estudiantiles tomaron más fuerza; también es cierto que durante estos gobiernos se atacó y recortó con mayor saña la educación pública.

Sin embargo, así como la universidad pública está en la génesis de nuestro país, la configuración universitaria como la conocemos nació de una toma. En 1918, los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba llevaron a cabo una huelga que se extendió de marzo a octubre de aquel año, en plena presidencia de Yrigoyen. En el medio, los estudiantes se enfrentaron al Ejército, enviado por el Gobierno nacional para reprimir la ocupación, y la universidad se vio clausurada. El germen cordobés se extendió a universidades de otras provincias, y en Buenos Aires se constituyó la Federación Universitaria Argentina. Este suceso se conoce hoy como la Reforma Universitaria.

A partir de entonces, las Universidades Públicas cuentan con libertad de cátedra, autonomía, cogobierno, concursos de oposición y aquellos rasgos que hoy conocemos y damos por sentado. Lo cierto es que se trata de derechos conquistados. Y para sostener esas conquistas los estudiantes debieron organizarse colectivamente y desplegar sus métodos de lucha.

Un antecedente más reciente es el conflicto universitario de los 90. En 1995, estudiantes de todo el país se movilizaron para evitar la promulgación de la Ley de Educación Superior (LES) que promovía el gobierno de Carlos Menem. La principal crítica a la ley era que dejaba abierta la puerta al arancelamiento, además de impulsar restricciones al ingreso y poner en peligro la autonomía y el cogobierno de las casas de estudios. Durante el tratamiento de la LES en Diputados, estaban tomadas 25 de las 33 universidades públicas que había en el país en aquel entonces. Así y todo, el menemismo logró aprobar la ley, que sin embargo sufrió modificaciones significativas en cuanto a sus puntos más importantes. La más clara de ellas: el arancelamiento nunca llegó a concretarse.

¿Hay cosas que mejorar, puertas adentro de la universidad? Sí. ¿Gana demasiado el rector? Desde luego. ¿Por eso está justificado desfinanciar y vaciar las universidades en su totalidad? No.

Pero estas discusiones deben postergarse. El movimiento estudiantil se ve obligado a organizarse para hacer frente a la amenaza inmediata: el cierre de las universidades públicas. Según Infobae, el presupuesto de 2025 es el más bajo en las últimas tres décadas en términos reales. Este hecho, sumado al actual vaciamiento y desfinanciamiento (recortes a becas, devaluación salarial), es la manifestación de una intención clara de destruir el sistema universitario, como señala Revista Anfibia.

Para Esteban Vergalito, secretario general de SIDUNSJ, «hay una discusión de fondo, más allá del funcionamiento [de las universidades], que es el futuro de nuestros hijos y nietos». Jaime Barcelona, que ocupa el mismo cargo en ADICUS, sostiene que hay un consenso generalizado en la sociedad respecto al reclamo universitario. Y destaca: «En el marco de un desprestigio generalizado hacia las instituciones, el apoyo es muy grande».

Hay consenso en cuanto a la legitimidad del reclamo universitario, cosa que queda demostrada en la masividad de las dos marchas federales universitarias (y la última manifestación en Córdoba, que se hizo el 22 de octubre). Pero la gestión mileiísta insiste en el veto, apelando al objetivo innegociable del déficit cero y a pesar de la voluntad popular. Con estos antecedentes, el año que viene las medidas de fuerza se intensificarán cada vez más.